Alerta de que el extranjero que no demuestre su situación regular en un alto policial podrá ser detenido
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado y responsable de CEAR Euskadi Javier Galpasoro ha denunciado este viernes que el contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es un intento "por la puerta de atrás de acabar con los inmigrantes" a quienes se podrá expulsar por una mera falta administrativa, "vulnerando el principio jurídico de proporcionalidad" y que se verán obligados a demostrar su situación administrativa en España ante un alto policial, lo que contraviene las propias instrucciones del Ministerio del Interior.
Galpasoro llama la atención sobre el redactado de la Disposición Adicional Primera del anteproyecto, que modifica el artículo 57 de la Ley de Extranjería e impone que para los extranjeros que realizaran conductas definidas en esta misma norma como graves (vivir o trabajar sin permiso en España, por ejemplo) o muy graves (atentar contra la seguridad nacional), "podrá aplicarse, además de la sanción de multa, la expulsión del territorio español".
La Ley de Extranjería recoge en la actualidad la posibilidad de sustituir la sanción de multa prevista para estas infracciones por la expulsión del territorio nacional, pero en la práctica, cuando no se ha cometido ningún delito y la única falta en que incurre el extranjero es la estancia irregular, sólo se le aplica la multa y además, en grado mínimo.
"Esa es la práctica que hemos tenido en nuestras ciudades, incluso a nivel de fuerzas policiales, subdelegaciones y delegaciones del Gobierno y tribunales ordinarios y superiores: si el extranjero está en situación irregular y no ha delinquido, la sanción es una multa", afirma Galpasoro, para incidir en que esto es aplicar el principio de proporcionalidad, por el que la infracción más leve no puede conllevar la más grave de las sanciones.
Ahora, el anteproyecto "añade a la multa la expulsión" y "desaparece el principio de proporcionalidad", a la vez que "quiebra el principio constitucional de igualdad" de todos los ciudadanos ante la ley, porque se establece así una doble sanción para los inmigrantes que no se contempla para los nacionales.
Asimismo, se ha referido al artículo 38, que regula las sanciones por la comisión de infracciones (que no delitos) calificadas como graves o muy graves en la ley y entre las que figuran hacer botellón, participar en un escrache, en una manifestación no autorizada u ofender a España y que en el caso de los extranjeros en situación irregular, serían motivo de expulsión del territorio nacional y de prohibición de acceso a un permiso de residencia o trabajo.
Para el letrado, al margen de que esto supone equiparar lo que son infracciones administrativas con antecedentes penales, quebranta de nuevo el principio de proporcionalidad "que ha seguido el Tribunal Supremo desde el año 2005: una persona irregular que no ha cometido un delito no debe ser sancionado con expulsión sino con multa".
TENDRÁN QUE ENSEÑAR 'LOS PAPELES'
No es el único aspecto del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que preocupa al letrado especialista en Extranjería. En el artículo 13 especifica que los extranjeros que reciban el alto policial en la calle tendrán que demostrar que se encuentran en España en situación irregular. De otro modo, podrán ser detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.
En la actualidad, tanto por la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, como por la doctrina del Tribunal Supremo y por instrucciones explícitas del director General de la Policía, Ignacio Cosidó, --la instrucción 2/2012 dictada para evitar las conocidas como redadas racistas--, el ciudadano que recibe el alto tiene la obligación de identificarse y mientras lo haga con un documento oficial que acredite un domicilio de empadronamiento, y no esté cometiendo ningún delito, no tiene por qué ser detenido.
"Esto nos genera una gran preocupación, porque interpretamos que ahora el que no esté en situación regular puede ser si no detenido, por lo menos puesto a disposición de la Policía Nacional", ha destacado el letrado, quien ha incidido en que el anteproyecto genera "una sensación de hostigamiento, de verdadero acoso". "Esto es el final", ha lamentado.
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